Apunta a la captación de la renta diferencial de la tierra que se valoriza por acciones derivadas de la actuación pública, ya sea a través de inversiones en obras públicas de infraestructura o de decisiones estatales en las regulaciones sobre el uso del suelo – como es el caso del nuevo Código de Planeamiento. Si este incremento es aprovechado por pocos en detrimento de las mayorías, creemos que el Estado debe intervenir, ya que en ese caso el sector privado no hace esfuerzos ni de inversión ni de capital propio para obtener dicha ganancia. Lo ideal sería que esa renta diferencial sea recuperada y destinada a cubrir las necesidades de la comunidad, considerando el gran déficit de vivienda que padece desde hace años la Ciudad.
