Esta Ley establece que las personas que adeudan cuotas de algún bien o servicio puedan evitar que permanentemente los estén llamando o enviando notas con falsas denuncias penales, a su casa o a su trabajo, para presionarlos con el pago de las mismas; porque entendemos que las empresas ya cuentan con herramientas legales, desde demandas judiciales hasta el embargo del sueldo. No se pretende que dejen de ser deudores porque hay un compromiso que asumieron y que tienen que cumplir. Sin embargo, no tienen por qué sufrir hostigamientos vergonzantes, por teléfono o por correo, por parte de las agencias de cobranza, que los pueden llevar incluso a perder el empleo. Por eso, esta Ley les da la posibilidad de que denuncien estos actos para que no los sigan padeciendo.
